La Federación Nacional de Trabajadores Portuarios de Chile emitió una declaración pública en la que denuncia una serie de hechos de gravedad ocurridos al interior de la Empresa Portuaria Arica (EPA), los cuales, según la Federación, configuran un patrón reiterado de vulneración de derechos fundamentales, prácticas antisindicales y represalias contra trabajadores vinculados a la actividad sindical.
De acuerdo con lo señalado por Fenatraporchi, EPA habría desconocido a la Federación como interlocutor sindical válido, afectando el derecho a la representación colectiva y la libertad sindical, derechos garantizados por el Código del Trabajo y por los Convenios 87 y 98 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), ratificados por Chile.
La declaración también aborda el despido de dos trabajadores. En primer lugar, se menciona el caso de Raúl Cortez, con más de diez años de servicio, quien fue desvinculado tras situaciones de hostigamiento y menoscabo asociadas, según la organización, a su participación en procesos sindicales. Posteriormente, se denuncia el despido de Renato Ubillo Ramírez, en un contexto que Fenatraporchi califica como represalia, luego de que este último presentara una denuncia conforme a la Ley N° 21.643, conocida como Ley Karin.
Según lo informado, dicha denuncia fue conocida por la Inspección del Trabajo, la cual emitió una resolución favorable al trabajador, constatando la existencia de conductas constitutivas de acoso laboral. Para la Federación, el despido posterior a esta resolución reviste una especial gravedad, al constituir una señal intimidatoria hacia quienes ejercen su derecho a denunciar este tipo de situaciones.
Fenatraporchi señaló que estos hechos no deben entenderse como situaciones aisladas, sino como parte de un método de presión que busca desalentar la organización sindical y el ejercicio de acciones administrativas y judiciales legítimas, lo que se afirma resulta particularmente grave tratándose de una empresa pública del Estado.
En su declaración, la Federación exige la realización de una investigación inmediata, independiente y con resultados públicos; la revisión de los despidos denunciados y la adopción de medidas reparatorias; el cese de toda práctica antisindical y de hostigamiento; y el reconocimiento efectivo de Fenatraporchi como organización sindical representativa a nivel nacional.
Finalmente, la organización advirtió que, de persistir estas conductas, activará y respaldará todas las acciones administrativas, judiciales y de denuncia pública que correspondan, tanto a nivel nacional como internacional, con el objetivo de resguardar los derechos de las y los trabajadores portuarios.
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